En San Luis Potosí, ya no sabemos si temerle más a los delincuentes o a quienes, se supone, deberían cuidarnos. La carretera 57, ese eterno escenario de accidentes, asaltos y filas interminables, ahora también se ha convertido en el teatro de las “travesuras” de la Guardia Nacional y, de vez en cuando, de la Fiscalía General de la República.
El episodio más reciente ocurrió en el entronque de El Carmen, municipio de Matehuala, donde un bloqueo ciudadano paralizó la circulación durante horas. La protesta, nos dicen, fue contra los abusos de los uniformados. Sí, esos mismos que portan insignias, armas largas y discursos oficiales sobre su “vocación de servicio”. Pero, en la práctica, parecen más interesados en revisar carteras que en garantizar seguridad.
Lo curioso y preocupante es que la escena se repite una y otra vez. Hay denuncias por extorsión, retenes a modo y amenazas veladas. Y pese a que los afectados levantan la voz, presentan quejas y hasta cierran carreteras para llamar la atención, el resultado es siempre el mismo: silencio institucional. Al final, tenemos una Guardia Nacional que delinque y una autoridad que voltea para otro lado.
La fila de 10 kilómetros bajo el sol en la 57 es apenas una metáfora del desgaste ciudadano; automovilistas atrapados, desesperados, preguntándose quién los defiende de los que se dicen defensores. Porque, entre la delincuencia organizada y la desorganizada, el ciudadano común queda a la deriva.
El colmo es que el Estado festeja como logro la liberación de la carretera tras varias horas de caos, cuando en realidad lo que debería estar en discusión es cómo evitar que los abusos se repitan, pero, claro, es más fácil aplaudir acuerdos momentáneos que investigar la podredumbre en el interior de las corporaciones.
Así las cosas en San Luis Potosí; si no te asaltan los delincuentes, te detienen los uniformados. Si no te roba el crimen, te exprime la autoridad. Y mientras tanto, los ciudadanos seguimos pagando la factura y la mordida.
Cavilaciones:
Primera: Los presidentes municipales de Tamazunchale, Adelaido Cabañas, y de San Vicente, Gilberto González Zumaya, deben ponerse más que listos porque el desfogue de la presa de Zimapán, ubicada en los límites de Querétaro e Hidalgo, obliga al retiro de personas y ganado que viven en las zonas bajas del Río Moctezuma. La crecida de los cuerpos de agua puede poner en peligro la vida y destruir todo lo que encuentren a su paso. En Querétaro, ya emitieron una alerta avalada por la Comisión Nacional del Agua, así que, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar ¡Miau!
Segunda: En el arranque de la carretera San Luis-Matehuala, tramo El Peyote-Matehuala, hubo una ausencia muy notoria. Se trata del diputado federal Juan Carlos Valladares. Ciertamente, Valladares es un enlace del Gallardato con el sector empresarial, pero desde hace años, los Valladares y los Rangel no hacen muchas migas que digamos y, más bien, son competidores.
Tercera: La conversión de la delegación de la Pila al municipio número 60, es un asunto más serio de lo que este felino pensó y sí, adivinaron, también aquí están metidos los grupos empresariales que dirige Vicente Rangel Mancilla; Valoran y Meta ¡Grrrr!
