Una coalición de fiscales generales de 20 estados y Washington presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump por condicionar indebidamente cientos de millones de dólares destinados a víctimas de delitos a la cooperación obligatoria con autoridades migratorias.
Los demandantes, entre ellos California, Nueva York e Illinois, sostienen que el Departamento de Justicia excede su autoridad al imponer restricciones que no aparecen en la Ley de Víctimas de Delitos, la cual aporta más de mil millones de dólares anuales y beneficia a unos 10 millones de personas.
La medida surge mientras la Casa Blanca endurece su política antimigrante. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció que revisará redes sociales de solicitantes de residencia y ciudadanía para detectar posturas “antiestadunidenses”. En paralelo, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, informó que el muro fronterizo será pintado de negro para dificultar su escalada, siguiendo órdenes de Trump.
Líderes locales y organizaciones pro-migrantes han rechazado las disposiciones. La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, aseguró que su ciudad no retrocederá en su postura de protección a migrantes, mientras agrupaciones civiles capacitan a comunidades para enfrentar posibles operativos del ICE.
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