En medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, comunidades como Binghamton, al norte del estado de Nueva York, se han convertido en focos de resistencia local ante la colaboración de autoridades con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En marzo, el alguacil del condado Broome, Frederick Akshar, firmó un acuerdo con ICE para permitir el uso de cárceles locales en detenciones migratorias. Poco después, activistas reportaron un aumento en la población reclusa de habla hispana y en otros idiomas, lo que encendió las alertas de organizaciones civiles.
La coalición Ciudadanos Preocupados de Binghamton, integrada por iglesias, agrupaciones comunitarias y defensores de derechos humanos, intensificó sus acciones con talleres “Conoce tus derechos”, distribución de materiales en español e inglés, y apoyo logístico a migrantes, desde entrega de alimentos hasta bodas clandestinas. «ICE llega al condado Broome y el pueblo dice ‘no’», afirma uno de sus panfletos.
Aunque los operativos federales se extienden con apoyo de estados conservadores como Florida y Texas, casi 60% de la población estadounidense vive en jurisdicciones que han rechazado colaborar con ICE, según el Migration Policy Institute. En Nueva York, solo cuatro de los 62 condados mantienen acuerdos activos con la agencia migratoria.
Gracias a las protestas y demandas locales, el número de migrantes encarcelados en Broome ha disminuido, según estimaciones de activistas. Además, crece una red estatal de respuesta rápida que impulsa legislación para frenar toda cooperación local con ICE.
“El apoyo a los inmigrantes va más allá de ellos mismos; ahora se suman iglesias, sindicatos, académicos y hasta prisioneros”, afirma el activista Bill Martin.
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