Santiago Pérez Núñez tiene 14 años, pero su historia parece la de alguien que carga con décadas de desgaste emocional y legal. Su desaparición el pasado 20 de julio encendió las alarmas: su madre difundió públicamente en redes sociales que su hijo había sido “llevado con engaños” por un servidor público, identificado como Enrique, elemento activo de la Guardia Civil Estatal. La versión de la madre acusaba abuso de autoridad y violación de la ley. Pero detrás de esta denuncia emergen años de conflictos legales, omisiones judiciales, y amenazas. Enrique nos platica su version de la hsitoria en entrevista exclusiva para El Tiempo del Altiplano.
Para entender esta disputa hay que retroceder casi una década. En 2017, tras un divorcio conflictivo, un juez otorgó la custodia compartida. Por su trabajo, Ernesto vivía en Ciudad Valles, así que se determinó que podría convivir con su hijo cada 15 días, de 4:00 a 8:00 de la noche. Todo parecía claro en papel, pero pronto empezó una batalla que no ha terminado.
En 2016, la madre de Santiago intentó sacar al niño del país. Ernesto se opuso y recurrió a un amparo federal que le dio la razón: Santiago estaba bajo la patria potestad compartida. Sin embargo, la madre ignoró la orden y obtuvo pasaporte y visa para sacar al niño de México. Se fue sin autorización judicial a Estados Unidos, incumpliendo el mandamiento. En teoría, el sistema judicial debió actuar de inmediato, pero no lo hizo.
El expediente 845-13, que documentaba el desacato y múltiples incumplimientos de convivencia, se estancó. Hubo audiencias pospuestas y solicitudes sin respuesta. Mientras tanto, Santiago vivía en otro país, lejos de su padre.
Violencia no escuchada
Cuando Santiago tenía apenas siete años, Ernesto presentó una denuncia por violencia familiar. El niño le confesó que temía a la nueva pareja de su madre, identifcado con el nombre de Francisco, quien, según Santiago, lo golpeaba sin que su madre interviniera. Hay un video, documentos y testimonios. Pero la denuncia se perdió misteriosamente.
El 29 de diciembre de 2023, Ernesto recibió una llamada: su exesposa estaba en Matehuala, junto a Santiago. Se trasladó de inmediato y puso una nueva denuncia por sustracción de menores. La madre accedió a un breve reencuentro: 30 minutos para ver a su hijo después de seis años. Lo vio nervioso, flaco y con señales de descuido.
Un par de días después, Ernesto logró estar tres días completos con su hijo. Fue entonces cuando descubrió algo más alarmante: Santiago tomaba medicamentos que, según le confesó el propio niño, su madre le daba para “tranquilizarlo”. En febrero de 2024, la madre volvió a buscar a Ernesto, esta vez con una frase que lo dejó helado: “Estoy hasta la madre del niño”.
Así fue como Santiago regresó a pasar tiempo con su padre, pero lo que Ernesto escuchó de boca de su hijo lo dejó con un nudo en la garganta y una impotencia imposible de describir, Santiago le contó que pasaba días enteros encerrado, que nadie lo escuchaba, que muchas veces su única comida eran sopas instantáneas y que dormía con ropa rota, calcetines viejos y sin nadie que se preocupara por él.
La Alerta Amber
El fin de semana previo al 20 de julio, Santiago debía regresar con su padre. La madre pospuso la entrega varias veces. Cuando por fin se reunieron, Santiago, con hambre y sed, subió a la camioneta de Ernesto. “Papá, vamos a comprar algo fresco”, le pidió. Había pasado 15 días trabajando con una tía en Doctor Arroyo sin ropa limpia. Le dolía la espalda: según él, su madre le pegó.
Ernesto llevó a Santiago a San Luis Potosí y decidió acudir a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA) para denunciar. La respuesta fue confusa: primero rechazaron la denuncia porque debía interponerse en Matehuala. Luego la aceptaron, pero la madre ya había activado una Alerta Amber. En cuestión de horas, llegaron siete policías ministeriales. El Ministerio Público intentó que Ernesto fuera con engaños a hablar con la coordinadora, pero él se negó a dejar solo a su hijo.
Santiago compareció ante la autoridad y reiteró: quería estar con su padre. Sin embargo, las medidas de protección nunca se concedieron. El argumento era que el niño debía ser devuelto a la madre, aunque había una denuncia activa de violencia y un historial de omisiones.
En la noche del 25 de julio, Santiago fue trasladado a un albergue. La justificación: protegerlo. Pero, según Ernesto, la realidad es otra. “Lo tienen en condiciones deplorables, camas duras, mala comida”, relató. Mientras tanto, versiones contradictorias se cruzaban: María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguraba que el niño ya estaba bajo custodia de su madre, mientras Santiago seguía encerrado en un albergue. Ernesto y su hermana Brenda promovieron un amparo federal. Querían evitar que el niño regresara con su madre sin investigar a fondo las denuncias de maltrato.
El expediente se enreda entre oficios con fechas incorrectas, decisiones arbitrarias y la imagen del padre manchada por acusaciones sin pruebas claras. Según Ernesto, todo mientras el menor vive entre la incertidumbre y el miedo. Mientras Santiago pasa las noches en una cama dura, su padre libra la batalla más importante de su vida: recuperar a su hijo, limpiar su nombre y enfrentar un sistema que parece decidido a ignorar la voz más importante en este caso: la de Santiago.
Hasta ahora, nadie en el sistema judicial ha explicado por qué el expediente de violencia se perdió. Nadie ha explicado por qué se desoyeron las denuncias del menor. Nadie ha explicado por qué un niño que pide quedarse con su padre terminó en un albergue. Pero lo que sí está claro es que Santiago Pérez Núñez sigue siendo, en el fondo, solo un niño de 14 años que solo pide algo tan básico como lo es vivir tranquilo, comer bien y dormir sin miedo.
