Las impugnaciones que se han hecho públicas en torno a los resultados de la reciente elección judicial, especialmente en el tema de magistrados al Supremo Tribunal de Justicia en San Luis Potosí, no sólo pone en evidencia el incumplimiento de requisitos académicos mínimos, sino también las tensiones políticas que siguen fracturando la vida pública de San Luis Potosí.
Cuatro de los magistrados electos; Arturo Morales Silva, José Luis Ruiz Contreras, Ángel Gonzalo Santiago Hernández y Mónica Kemp Zamudio, fueron acusados ante el Tribunal Electoral de no cumplir con el promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura en Derecho, tema contemplado en la convocatoria oficial.
La ley es clara. El incumplimiento de este requisito puede derivar en la invalidez de sus posibles nombramientos y es que hay precedentes; a nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha revocado al menos 45 cargos de jueces y magistrados por faltas similares, además de que, en San Luis Potosí, ya se ha anulado una magistratura por ese motivo.
En este escenario tan convulso, lo que está llamando especialmente la atención es el olor a revancha política que se desprende del proceso. Los ganadores de la elección (magistrados electos) son afines al Partido Verde, mientras que quienes han impugnado el posible nombramiento; Juan Paulo Almazán Cué, Yaneth Hernández Trejo, Héctor Vega Robles y José de Jesús Cárdenas Turrubiartes, tienen fuertes vínculos con Morena, partido que, hay que decirlo, perdió todo en las urnas por exceso de confianza, por el divisionismo interno y porque, simple y sencillamente, se robaron el dinero que se les asignó para que operaran.
Las impugnaciones podrían parecer legítimas a primera vista, pero también exhiben una enorme contradicción: los impugnadores tampoco cumplen el perfil. De hecho, uno de los más visibles, Juan Paulo Almazán Cué, terminó su carrera con un paupérrimo promedio de 7.2, lo cual, no sólo lo inhabilita académicamente, sino que lo desacredita moralmente. Como si no fuera suficiente, Almazán ya fue rechazado como aspirante a magistrado federal por “no idóneo”, y ahora busca, como premio de consolación, una posición local que, vale decir, tenía casi asegurada por pase directo.
Si no me creen, aquí les dejo la prueba (información que, por cierto, es pública gracias al proceso electoral).
En este contexto, no parece ser el cumplimiento estricto de la ley, sino el control político de un Poder Judicial cada vez más instrumentalizado. La ciudadanía no ve en este conflicto una defensa de la justicia, sino un reciclaje de intereses; de un lado, perfiles académicamente cuestionables con respaldo político; del otro, aspirantes igual de improcedentes, disfrazados de paladines de la legalidad.
En este juego, el promedio reprobado es lo de menos. Lo verdaderamente grave es la ausencia de principios, la simulación constante y la forma en que la justicia se convierte en botín.
Toda la elección debería anularse porque, más allá de los resultados tan cuestionables, también se ha convertido en campo de batalla de partidos frustrados y ambiciones personales. El daño que se puede generar será profundo y la legitimidad del Poder Judicial estará tan comprometida como los expedientes de quienes lo aspiran a dirigir.
Cavilaciones:
Primera: El fin de semana, Damián Romero, hijo del exdiputado José Luis Romero Calzada, protagonizó un episodio de terror entre los asistentes a un antro denominado «El Despecho» ubicado en el Edificio Tangente. Se trata de un antro a donde asisten mirreyes y muchachos, en su mayoría sin oficio ni beneficio (viven de los negocios de sus papis). El tipo llegó en evidente estado de ebriedad y, por sus pistolas, literal, quiso entrar al antro. Los cadeneros aguantaron, pero lo que vino después fue un atentado con armas de fuego accionadas desde la calle por sus guardaespaldas. El fulano, está claro, es un peligro para la sociedad potosina, pero hoy goza del encubrimiento de la Fiscalía General del Estado y de las instancias del Ayuntamiento capitalino. Dejar impune la acción de Damián Romero es altamente riesgoso. Que no se queje nadie cuando cualquier simple mortal se agarre a trompadas en cualquier antro de la ciudad.
Segunda: Hoy, comienzan las inscripciones en las diversas escuelas y facultades de la UASLP. El limitado cupo de admitidos deja a miles de jóvenes sin la posibilidad de estudiar la universidad. Las opciones que ha generado el Gobierno Federal con sus universidades del Bienestar y Rosario Castellanos son tan mediocres que pocos quieren tomar esas opciones.
Tercera: Madres buscadoras del Colectivo Voz y Dignidad encontraron un campo de exterminio en Matehuala. Las autoridades estuvieron presentes en el lugar, aunque, oficialmente, no han confirmado que se trate de un sitio con esas características. Durante las jornadas de trabajo, las madres solicitaron comida a la alcaldesa de Charcas, Marisol Nájera, pero la muy grosera ni siquiera les contestó el teléfono. Tuvo que intervenir el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, para que respondiera. Ya olvidó su origen, la señora presidenta.
