Por décadas, el sistema de transporte público en San Luis Potosí ha sido sinónimo de desigualdad, abandono y centralismo. La movilidad ha favorecido a unos cuantos y ha excluido a cientos de miles de potosinos que viven en la periferia o en regiones enteras donde simplemente no existía la opción de moverse con dignidad. Por eso, la reciente instalación del Consejo Estatal de Transporte representa, al menos en el discurso, una bocanada de aire fresco en una agenda históricamente ignorada.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha presentado el Consejo como un órgano plural, con visión humana y de apertura a todas las voces. La apuesta es ambiciosa; impulsar un nuevo modelo de movilidad con unidades eléctricas, gratuidad en el servicio y una expansión hacia municipios que jamás habían sido contemplados en este rubro. No obstante, vale la pena detenernos a pensar qué tanto hay de fondo y qué tanto de forma en esta propuesta.
Primero, es necesario conocer a detalle quiénes integran realmente el Consejo ¿Están ahí las organizaciones de usuarios, los representantes de personas con discapacidad, los transportistas independientes, los expertos en movilidad y urbanismo? ¿O es sólo una mesa llena de funcionarios y concesionarios alineados al gobierno? La promesa de pluralidad sólo será creíble si se traduce en inclusión auténtica, no en discurso vacío.
En segundo lugar, el Consejo tiene la oportunidad de convertirse en un verdadero espacio de diseño estratégico, donde se piense la movilidad no como un favor del Estado, sino como un derecho ciudadano. Eso implica recoger diagnósticos técnicos, escuchar a quienes todos los días sufren el caos del transporte y, sobre todo, diseñar políticas de largo plazo que no dependan del gobierno en turno.
Existe también, sin embargo, el riesgo de que el Consejo se utilice como una herramienta de legitimación política, una especie de simulacro de participación para justificar decisiones previamente tomadas. La movilidad gratuita puede ser aplaudida, pero si se decide de manera unilateral, si no hay evaluación, transparencia, ni contrapesos, entonces estaremos ante un proyecto más de propaganda que de transformación.
En suma, el Consejo Estatal de Transporte es una gran idea, pero una gran idea puede fracasar si se gestiona con intereses de corto plazo, si se bloquea la crítica o si se entrega al control absoluto del poder. Hoy, más que nunca, hace falta vigilancia ciudadana, rendición de cuentas y compromiso técnico para que la movilidad deje de ser un privilegio y se convierta, por fin, en un derecho real para los potosinos.
Cavilaciones:
Es oficial; para que el gobierno de Estados Unidos otorgue visas a los mexicanos, los solicitantes deberán informar detalles de sus redes sociales, mismas que serán revisadas cuidadosamente antes de otorgar el permiso migratorio, lo que significa que analizarán publicaciones, amigos, contactos, imágenes, videos y el comportamiento cotidiano de los solicitantes. En pocas palabras, más les vale que cuiden lo que publican en sus redes si es que quieren viajar a EUA ¡Miau!
Segunda: El secretario del Trabajo, Crisógono Sánchez Lara, canceló su graciosa presencia en la Feria del Empleo que se realizará este 26 de junio en Ciudad Valles. El señor, según trascendió, no quiere que le pregunten sobre los dos trabajadores de la empresa GUSI que fallecieron a consecuencia de una posible negligencia laboral durante los días de fuertes lluvias. Ninguna autoridad laboral o sanitaria toca a esa empresa ni con el pétalo de una visita.
Tercera: En Santa María del Río y Villa de Reyes, la cosa está que arde. Los agoreros del desastre aseguran que, en cualquier momento, habrá serios problemas de seguridad ¿Apoco sí?
