Mientras las presas se secan y los grifos escupen aire, en San Luis Potosí, hay quienes ven en la escasez una oportunidad de negocio. El “huachicoleo” de agua (sí, así como el de gasolina y otros combustibles) es una realidad tan silenciosa como devastadora. En medio de la emergencia hídrica que se ha acentuado en los últimos años, cobra especial relevancia la propuesta impulsada por la doctora Violeta Mendezcarlo Silva, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), para tipificar esta práctica como delito en el Código Penal del Estado.
La iniciativa no sólo resulta oportuna, sino absolutamente necesaria. La falta de agua ya no es un simple malestar urbano, es una bomba de tiempo social, sanitaria y ambiental y, en este escenario crítico, la extracción ilegal del vital líquido, su desvío con fines lucrativos y la venta clandestina por pipas, pozos particulares o redes de corrupción, debe dejar de ser vista como pecado menor. Es un crimen contra la vida digna, sobre todo si se toma en consideración que el agua es un derecho humano.
Mendezcarlo Silva lo deja claro; no se trata únicamente de bandas organizadas, también hay particulares con concesiones legales que se exceden en sus extracciones y venden a quien paga mejor, no a quien más lo necesita. Esta conducta debe ser sancionada con todo el peso de la ley y, para ello, se necesita primero nombrarla, tipificarla y hacerla visible.
La propuesta, importante aclarar, no se detiene en lo punitivo. Va más allá. Abarca el derecho humano al agua desde una perspectiva integral; calidad, acceso, transparencia y participación. Así pues, señala otro problema mayúsculo que apenas se discute en lo social y que tiene que ver con la presencia de metales como flúor y arsénico en el agua que muchas familias consumen y que es bien sabido que está presente en los mantos acuíferos potosinos.
Por donde se le vea, la propuesta es innovadora, pero polémica, pues busca evitar que los cacicazgos locales y el clientelismo político sigan controlando el acceso al recurso en comunidades y sectores vulnerables.
No es casual que la propuesta surja desde la Universidad, uno de los pocos espacios donde aún se piensa con rigor y sin compromisos partidistas. El gran reto, sin embargo, es que esta propuesta cruce las puertas del Congreso del Estado sin ser desechada por la miopía política o los intereses económicos que hoy lucran con la crisis.
Tipificar el huachicoleo del agua es también una forma de defender el bien común, porque el agua no se debe robar, debe administrarse, protegerse y distribuirse con justicia. La pregunta que queda en el aire es simple, pero contundente: ¿Estarán nuestros diputados a la altura de la sed del pueblo?
Cavilaciones:
Primera: Todo indica que el Partido Verde le puso una nueva zarandeada a Morena. Resulta que el presidente municipal de Aquismón, Temo Balderas, defendió con honor la elección del FAIS, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. El delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, Mario Godoy, es el autor de esta derrota. Tras los hechos, del 2021a la fecha, el Verde se anota cuatro victorias. Morena, cero.
Segunda: A propósito de morenos, sale pus de tanto pleito y chisme entre las figuras de este grupo político porque son una especie de caníbales. El delegado del Bienestar, Guillermo Morales, trae broncas con la dirigente Rita Ozalia Rodríguez. La hermana de Rosa Icela pelea con Mario Godoy, Mario Godoy no se aguanta ni solo y así viven en una permanente cena de negros.
Tercera: Miguel Cavazos Guerrero, secretario técnico del Gobierno del Estado, crece y crece y crece. El charro tamaulipeco se ha ganado la confianza del gobernador Ricardo Gallardo y dicen que hasta futuro político tiene asegurado en tierras del Potosí.
