Con más de dos décadas de trayectoria en el servicio público y una sólida formación judicial, Ángel Gonzalo Santiago Hernández se presenta como uno de los candidatos más experimentados en la contienda por integrar el Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí. En el marco de esta inédita elección ciudadana, el abogado potosino propone un Poder Judicial más moderno, eficiente y humano.
Santiago Hernández ha recorrido prácticamente todos los niveles del sistema judicial: desde mozo de oficina hasta juez en materias como la familiar, mercantil y oral mercantil. Actualmente, se desempeña en el Poder Ejecutivo, experiencia que, según afirma, le ha permitido observar al Poder Judicial desde otra perspectiva y detectar áreas de mejora.
Uno de los ejes centrales de su proyecto es la transformación digital de la justicia. Desde 2014 ha impulsado iniciativas para implementar procesos judiciales en línea, incluso antes de que el sistema penal acusatorio se formalizara. Considera que la digitalización no sólo agiliza la atención a los ciudadanos, sino que es clave para transparentar y facilitar el acceso a la justicia. También propone revisar la distribución de los distritos judiciales con base en datos demográficos y de accesibilidad actualizados.
Además de su experiencia técnica, el candidato destaca su compromiso con la formación continua. Es maestro en administración de justicia, cuenta con dos especialidades —una en derecho civil y otra en sistema penal acusatorio— y ha sido capacitador nacional en materia de justicia oral mercantil. Asegura que en un entorno legal en constante evolución, tanto los jueces como los abogados deben mantenerse actualizados y capacitados.
La empatía y la sensibilidad social también forman parte de su propuesta. Como juez familiar y funcionario en contacto con grupos vulnerables, sostiene que impartir justicia no es sólo aplicar la ley con rigor técnico, sino entender el contexto humano de cada caso. Aspira a un Poder Judicial más cercano a la sociedad, donde los jueces y magistrados no sean figuras distantes sino servidores públicos al alcance de todos.
Sobre el proceso electoral, reconoce que esta elección rompe con décadas de designaciones cerradas. Aunque admite que implicó un cambio drástico para los juzgadores de carrera, considera que es una oportunidad histórica para abrir el sistema a la ciudadanía y ganar legitimidad mediante el voto popular.
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