Buscando que la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública (CEGAIP) siga atendiendo intereses políticos y personales, los diputados del Congreso del Estado han pervertido el proceso de elección para elegir a quien habré de ocupar el cargo de comisionado numerario y comisionado súper numerario de dicha institución; lo anterior, al promover perfiles cercanos y de confianza entre los que destacan sus propios asesores, sus parientes, exfuncionarios y personas ligadas a diversos partidos políticos.
Lejos de pretender que la CEGAIP sea un organismo imparcial y sin intereses políticos, los diputados han visto en este organismo la oportunidad de acomodar a sus conocidos, seguir pagando favores o tener el control correspondiente para utilizarlo a su conveniencia y es que, según consta en el listado de los aspirantes a ocupar los cargos disponibles, entre los interesados figuran nombres como Héctor de la Fuente Carrillo, asesor del diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi, y José de Jesús Cárdenas Turrubiartes, asesor de la diputada Marite Hernández Correa.
Funcionarios como José Alfredo Solis Ramírez, titular de la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o David Enrique Menchaca Zúñiga quien se desempeña como funcionario en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado o el proyectista de la propia CEGAIP, Oscar Villalpando Debo, al igual que Jorge Hernández Vega, asesor de Hugo Ulises Valencia Gordillo, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado también están en la contienda, sin dejar de lado al exdiputado panista Adrián Ibañez Esquivel.
Quien raya en el cinismo es el diputado huasteco Rolando Hervert Lara quien está impulsando para el cargo a su primo, Eduardo Hervert Sánchez, aunque, tanto él como sus compañeros legisladores y funcionarios que hacen roles de padrinos para impulsar a sus allegados, hacen hasta lo imposible por destacar los méritos y formación de sus propuestas para ganarse el beneplácito del Pleno.
A la fecha, la CEGAIP, al igual que varios de los organismos locales, no son otra cosa más que el espacio en donde se instala a los recomendados de legisladores y altos funcionarios como pago de favores político, práctica que mancilla, pervierte y degrada la función que deberían desempeñar estas instancias al grado de que sólo sirven para pagar una gorda nómina de funcionarios que poco o nada abonan a la vida pública de San Luis Potosí.
