Despachos de abogados siempre ligados al poder político y el contralor del Estado, Gabriel Rosillo Iglesias, manosean la elección del nuevo(a) fiscal anticorrupción según revelaron a códigosanluis.com algunos diputados que lamentaron el desaseo con el que se pretende integrar la propuesta del ejecutivo con la intención de imponer a la ex presidenta del Consejo Ciudadano de Transparencia, María Angelina Acosta Villegas.
Diputados dijeron durante una reunión que antes de designar al sustituto de Jorge Alejandro Vera, le darán autonomía a la fiscalía anticorrupción para que pueda cumplir con sus obligaciones de ley con verdadera transparencia e imparcialidad y aunque es el ejecutivo quien debe proponer, es el Congreso del Estado el que elige.
El nombre de Angelina Acosta circuló a toda velocidad en los chats de whats app de diputados y funcionarios de gobierno anticipando que será la nueva fiscal anticorrupción porque así lo desean el contralor, Gabriel Rosillo y el fiscal general, Federico Garza, en un ejercicio que solo le perjudica a la abogada toda vez que la están sometiendo a un desgaste inútil.
Entre otros, los argumentos para imponerla ante los diputados es que Acosta Villegas además de ser ex presidenta del Consejo Ciudadano de Transparencia, es respaldada por despachos de abogados siempre ligados al poder como son, en este caso el bufete De la Garza y Suárez Altamirano entre otros.
Angelina es maestra en derecho constitucional, según su curriculum desplegado en internet, tiene 43 años y no tiene mayor experiencia en el servicio público, pero su paso como presidenta del Consejo Ciudadano de Transparencia la colocó en medio de la controversia pública.
En 2017, el nombre de Acosta Villegas también formó parte de la terna para fiscal anti corrupción junto con Juana María Castillo y Giovanna Hernández pero debido a diversos factores, el Congreso devolvió la terna al ejecutivo y días después fue electo Vera Noyola que se convirtió en el primer fiscal anticorrupción de San Luis Potosí.
Los diputados cerraron filas en torno a la necesidad de dar primero autonomía a la instancia y luego elegirán al titular y advirtieron que no permitirán que el Contralor y los despachos de abogados que litigan decenas de asuntos con el Estado, se entrometan en la elección que es competencia del poder legislativo.
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