El pasado 6 de abril cientos de potosinos marcharon por la avenida Carranza desde el Jardín de Tequis hasta la puerta de Palacio de Gobierno en la Plaza de Armas, para exigir al gobernador y su gabinete de seguridad que devuelvan la paz a las calles de San Luis Potosí. A la manifestación pacífica se sumaron policías estatales que desean trabajar por el bien de la ciudadanía. Diez días después las represalias no se hicieron esperar y Raúl Alanís, director de la Policía Estatal, comenzó una serie de hostigamientos en contra de los uniformados.
La marcha fue convocada por el diputado Verde, Edgardo Hernández Contreras, y además de compañeros de la Legislatura, acudieron ciudadanos que desean que San Luis vuelva a ser la ciudad tranquila que era hasta hace unos años.
También se sumaron policías estatales que desean trabajar por el bien de la ciudadanía porque sus familias son parte de la sociedad que todos los días sale con temor a las calles, pues ya son comunes los asaltos, robos, atracos, extorsiones, acoso y levantones, y ni qué decir de las ejecuciones, secuestros y feminicidios.
Además, los policías se unieron a la manifestación pacífica en demanda de que se les cumpla el aumento salarial para policías estatales, ministeriales y ministerios públicos que el diputado Edgardo Hernández promovió desde el Congreso del Estado y fue aprobado e incluido en el presupuesto de egresos 2019 y que, tristemente, a 4 meses de iniciado el año, no se les ha cumplido.
En represalia, Raúl Alanís, director de la Policía Estatal, comenzó una campaña de acoso e intimidación en contra de los uniformados que se sumaron a la marcha a exigir paz en las calles de San Luis Potosí y el cumplimiento del aumento salarial.
El pasado 15 de abril, es decir, 9 días después de la marcha, Alanís comenzó a enviar una serie de circulares en las que se anunciaba el cambio de base operativa sin mayor explicación de la decisión que les afecta pues deberán dejar a sus familias y pagar una renta en el lugar al que son destinados y con el salario marginal que se les paga, no podrán cubrir los gastos para la manutención de sus esposas e hijos.
Los policías afectados señalaron que si bien el anunció oficial de cambio de base les llegó el 15 de abril, los acosos y hostigamientos comenzaron desde el mismo 6 de marzo. Aseguran también que ya lo habían amenazado con el cambio de base y los extorsionaron con una cuota de 5 mil pesos si querían evitar el traslado.
Los policías denunciaron que la campaña de acoso y hostigamiento es porque apoyan al diputado Edgardo Hernández y porque exigen el aumento salarial que por Ley ya les fue autorizado.
