La ambición de poder y de dinero, el conflicto de intereses y la voracidad personal de Manolo Fajardo González, director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para beneficiar a la notaría cuya titular es su esposa, le ha llevado a romper todas las barreras de lealtad y honestidad con el gobernador Juan Manuel Carreras, afectando además a empresarios del sector inmobiliario que por su desbocado intento de destituir a su jefa, son golpeteados en algunos medios de comunicación.
Desde hace algunas semanas, Fajardo González intentó filtrar a algunos medios de comunicación un supuesto abuso laboral de una mujer de nombre Josefina Lara, quien se desempeñaba como subdirectora en el Instituto Catastral y Registral, acercándola con algunos “periodistas” para afectar a Margarita Guerrero Ortiz, directora general de la dependencia.
El secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, consiente de que su amigo Manolo Fajardo estaba pateando el pesebre del gobernador Juan Manuel Carreras, intentó calmar los ánimos y aspiraciones del funcionario, acusado en diversas ocasiones de condicionar el trabajo ágil de la dependencia a empresarios del sector inmobiliario, siempre y cuando le lleven el trabajo a la Notaría 37, cuya titular es su cónyuge, de nombre Elvia Castañón.
La manipulación del despido de Josefina Lara Saucedo, ex subdirectora, pudo lograrse en algunos medios, pero cuando se supo que detrás estaba Manolo Fajardo, los focos rojos se encendieron en algunos portales de noticias, cuyos propietarios conocen perfectamente el conflicto de interés del funcionario en cuestión.
Fracasado el intento de victimizar a Josefina Lara, Fajardo recurrió entonces a una supuesta denuncia por la malversación de 25 millones de pesos destinados a la modernización de los sistemas de registro, que se logró gracias a una mezcla de recursos aportados por la SEDATU, el Gobierno del Estado y 15 ayuntamientos.
códigosanluis.com consultó fuentes de la SEDATU y de algunos Ayuntamientos para verificar su participación en el programa. SEDATU dijo que al menos hasta diciembre de 2018, el programa había sido desplegado y auditado y que en el ámbito del terreno federal no había irregularidades. Al menos un tercio de los ayuntamientos consultados también dijeron que no tenían problemas, que incluso se había trabajado con los drones y al mencionarles el nombre de Manolo Fajardo, aseguraron que el señor sólo se dedica a hacer negocios y del programa nada sabe, incluso sugirieron hacerle examen a ver qué tanto conoce del trabajo por el que cobra un sustancioso salario.
En sus ambiciones por apoderarse del instituto, pretendiendo la destitución de Margarita Guerrero, su jefa inmediata, Manolo Fajardo no midió las consecuencias de las timar, inclusive, el desempeño del gobernador Juan Manuel Carreras, quien ahora tendrá que dar la cara ante el Gobierno Federal por la controversia y deberá dar explicaciones a empresarios inmobiliarios como el desarrollador de Ciudad Maderas, a quien se ha golpeteado en esta guerra.
Cercanos a Fajardo González, pese a todo, aseguran que tiene el control del Secretario de Gobierno, Alejandro Leal, pues él es quien controla al activista Carlos Covarrubias, curiosamente líder de los movimientos rebeldes en las comunidades de San Juan de Guadalupe, en el propio Ciudad Maderas, Villa de Arriga, y en los desarrollos propiedad de la familia Torres Corzo en Mexquitic de Carmona.
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