* El comprador de una casa de cuatro millones pagada al contado, encontró un refugio en el Gobierno

* La fortuna le sonrió en San Luis Potosí

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Luego del escándalo que protagonizó el Ricky Ricón de la legión extranjera carrerista, Ulises Valencia Gordillo, subsecretario de gobierno de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, trascendió en la entidad potosina el turbio pasado de este funcionario público, donde se informó que en 2010 fue cesado de sus labores dentro del Tribunal Electoral del Distrito Federal, al formar parte de una red de corrupción donde se vendían y rentaban plazas.

El flamante funcionario carrerista, durante 2010 formó parte del equipo del ex magistrado Miguel Covián, quien fue acusado de vender y rentar plazas dentro del Tribunal Electoral del Distrito Federal, lo que ocasionó su cese al igual que de 10 de sus colaboradores, entre ellos, Ulises Valencia Gordillo quien fungió como secretario de Estudio y Cuenta y que al parecer sigue sujeto a proceso de investigación por la Procuraduría General de Justicia y por la Contraloría General del TEDF, al presuntamente haber violado el Código Electoral.

Valencia Gordillo, quien al quedarse sin chamba hace ocho años, a través de favores, amiguismos, compadrazgos y compromisos, fue arropado dentro de la administración de Juan Manuel Carreras, donde logró obtener una posición privilegiada, siendo nombrado subsecretario de gobierno de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, cargo que le ha valido a solamente para sus intereses económicos, pues pareciera estar más interesado en subir su estatus social y poder ingresar al cerrado círculo de los curros potosinos, al adquirir al contado una casa valuada en más de cuatro millones de pesos, más un automóvil KIA de medio millón, entre otras propiedades dejando de lado su desempeño laboral, que ha sido catalogado como nefasto al no da resultados a los casos que son canalizados a su área, prueba de ello, es la arrogancia y aires de superioridad con las que se maneja, esto, según los propios legisladores del Congreso del Estado.

Uno de los casos que ha cimbrado al gremio periodístico a nivel internacional, así como a la misma sociedad potosina y que sigue en total impunidad por la opacidad y tortuguismo de las autoridades, es el del fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro quien en su momento, denunció hostigamiento por parte de elementos de la policía Ministerial, por lo que solicitó al área que encabeza Ulises Valencia la activación del protocolo para periodistas y que terminó con la tortura y ejecución de Esqueda Castro el pasado mes de octubre del 2017.

De este caso, se desprendieron las solicitudes de activación de protocolo para cuatro reporteros potosinos más, a los que valencia Gordillo no ha les ha brindado las medidas de seguridad pertinentes, manteniendo los expedientes empolvados, y sin garantizar su bienestar, mientras el sigue aspirando a su vida de glamour.

Seguiremos informando.