Showcase

No te hagas Güey, campaña para evitar venta de alcohol

No te hagas Güey, campaña para evitar venta de alcohol

Inicia campaña para evitar venta de alcohol a menores, participan más de 32 mil personas que visitarán 300 mil establecimientos mercantiles.    Leer nota

Cómo y dónde ayudar a los damnificados por el huracán Odile

Cómo y dónde ayudar a los damnificados por el huracán Odile

Si quieres ayudar a las personas afectadas en BCS, aquí los centros de acopio que se han instalado en diversos estados  Leer nota

Elaboran mapa de zonas sísmicas en México

Elaboran mapa de zonas sísmicas en México

Científicos mexicanos elaboran un mapa de las zonas sísmicas en México.  Leer nota

Miles de personas participan en protesta mundial contra cambio climático

Miles de personas participan en protesta mundial contra cambio climático

Manifestantes demandan acciones contra el calentamiento global en Nueva York, Londres, París y otras ciudades, horas antes de una cumbre de la ONU  Leer nota

Código 2012 - María Luisa Paulín

Ramón Ortíz - Código San Luis

Caleidoscopio -  Código San Luis

PROTEO

Cultura, Francisco Acosta Martínez - Código San Luis

El mirador huasteco - Código San Luis

Armando Rodríguez - Código San Luis

Juan Felipe Sánchez Rocha

El filósofo de Güemez - Ramón Durón - Código San Luis

Fernando Díaz de León

Derechos Inviolables

    Diego Solís Delgadillo

    El imperio de la ley en un sistema democrático tiene que resolver dos dilemas; en primer  lugar tiene que defender a los ciudadanos de dilemas hobbesianos, es decir, defender los derechos individuales contra los abusos de otros agentes privados; y por el otro lado tiene que resolver dilemas madisonianos, es decir, debe proteger a los ciudadanos de abusos por parte del Estado; cuando las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, como la policía y los jueces, no actúan de manera imparcial entonces estamos frente a una violación seria contra los derechos de una persona; cuando el Estado incurre en este tipo de violaciones entonces pone en tela de juicio su imparcialidad para resolver dilemas hobbesianos.

    El caso de Florence Cassez, ejemplifica la manera en que el Estado puede violentar los derechos de las personas, la manera en que la policía en México puede actuar arbitrariamente sin seguir los procedimientos legales; porque al no ser presentada inmediatamente ante el ministerio público y no tener acceso a la asesoría consular; sus derechos fueron atropellados. Porqué al montar una recreación en “vivo” para las televisoras, como lo reconoció Genaro García Luna, la Agencia Federal de Investigaciones puso en entredicho la imparcialidad del proceso; en este sentido, el ministro Arturo Zaldivar ha documentado las violaciones en el caso de Cassez y ha propuesto que sea puesta de inmediato en libertad.

    Esto ha generado un debate intenso en el país acerca de si Cassez debe ser liberada o no; muchos factores hacen a este tema algo sensible; por un lado el secuestro es uno de los delitos que en los últimos años ha generado una mayor indignación; personajes como Alejandro Martí, Isabel Miranda de Wallas y Nelson Vargas han puesto en el debate público la necesidad de combatir y no dejar impunes estos delitos; en este sentido han pugnado por un Estado más eficiente que garantice la seguridad. Por otro lado, para algunos el caso se ha convertido en un tema de soberanía, algunos ven la posible liberación de Cassez como una claudicación frente a las presiones ejercidas por Francia; como un caso de una extranjera que puede pasar por encima de la ley.

    Sin embargo, lo que se está ponderando con la posible liberación de Cassez es si la policía cumplió o no con los procedimientos que debería seguir ante cualquier caso; procedimientos que permiten valorar con imparcialidad su culpabilidad o inocencia. Es decir, derechos que están estipulados en la ley que deberían impedir que el Estado actúe de manera arbitraria en un proceso judicial. Esos derechos a los que todos deberíamos tener acceso pero que frecuentemente no son respetados por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Cassez es sólo un ejemplo de la manera de operar de la policía y de muchos jueces en el país; procedimientos ilegales, pruebas fabricadas, declaraciones contradictorias.

    En este sentido; a pesar de haber transitado a la democracia las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley mantienen rasgos autoritarios, como lo revela las declaraciones de Genaro García Luna quien señaló que la primera sala de la Suprema Corte debería de tener en cuenta el “interés general” y no los “intereses particulares”; declaraciones que dejan entrever la idea de que el fin justifica los medios, que no importa como haya sido detenida, lo importante es que está en la cárcel. Pero en un país que aspira a que la ley se aplique de manera imparcial sin importar la identidad de los actores involucrados, ese proceso debe ser inviolable.

    No se pueden esgrimir argumentos como la razón de estado, es decir, que para obtener la seguridad no importa los medios utilizados por el Estado siempre y cuando ésta se consiga; en una sociedad democrática el Estado no tiene derecho a violentar los derechos de las personas. Porque como señalaba John Rawls cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia y sus derechos no puede estar sujetos a regateos ni cálculos políticos o de interés social. Por ello resulta de enorme relevancia el fallo de la Suprema Corte en este caso; porque muchos mexicanos hoy en día se encuentran en la cárcel a pesar de que sus derechos, al igual que los de Cassez, han sido atropellados por policías o jueces; ciudadanos que no han tenido un debido proceso.

    Si Florence Cassez es culpable y llega a ser liberada; no es una responsabilidad de ministro Zaldivar y los demás miembros de la primera sala de la SCJN; es la muestra de la ineficiencia e inoperancia de la policía para realizar su trabajo apegados a la ley; porque tras las irregularidades y el montaje es imposible valorar la inocencia o culpabilidad de Cassez,. Finalmente, lo que este caso deja al descubierto es la desigualdad jurídica que existe de facto en México, porque a pesar de que todos contamos con los mismos derechos sólo unos pocos pueden tener acceso a un juicio de amparo como el de Cassez, muchos mexicanos jamás tendrán la oportunidad de presentar sus casos ante el máximo tribunal, muchos tendrán que cumplir sus sentencias aun cuando se encuentren en las mismas circunstancias que ella; porque solamente personas con suficientes recursos pueden recurrir a este instrumento jurídico;  éste debería ser el siguiente punto en el debate nacional.