* Para garantizar la equidad de género en la administración de justicia y hacer efectivo el principio de igualdad

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Los órganos impartidores de justicia en el Estado, se sumaron al “Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México”, para garantizar la equidad de género en la administración de justicia, hacer efectivo el principio de igualdad, proporcionando una impartición de justicia libre de discriminación y promover la generación de ambientes laborales libres de violencia de género.

En sesión de Plano extraordinario del Supremo Tribunal de Justicia se celebró el solemne acto en el cual se contó con la asistencia del Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López y la Ministra de la Suprema Corte de Justicia Margarita Beatriz Luna Ramos, el Magistrado Armando Maitret Hernández, Secretario Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), la Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Tlaxcala y titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos de la Conatrib; la Licenciada Lorena Valle Rodríguez, Presidenta de la Junta Directiva del DIF estatal, el Senador Teófilo Torres Corzo, entre otras personalidades.

El Magistrado Juan Paulo Almazán Cue, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura dijo que “con la adhesión al pacto que hoy se firmó en el estado de San Luis Potosí, se consolida la premisa de igualdad de género, que apoya y soporta la calidad de los seres humanos sin distinción de su naturaleza, porque con el simple hecho de constituirse como un ser humano, tiene el derecho y la libertad de ejercer tanto socialmente como en lo individual, su opinión, sus ideas, y lo más importante, la igualdad en todos los campos sin importar su naturaleza. Los órganos de impartición de justicia no escapan a la necesidad de cambios y es menester eliminar los rasgos de género que puedan producir desventajas para las mujeres”.

Agregó que esto requiere de acciones afirmativas en pro de la equidad entre mujeres y hombres, una de estas es la alerta de género recientemente emitida para seis municipios del estado, con esto, se busca disminuir los feminicidios que se han dado en esas zonas, también que sirva para tratar de mitigar el incremento de las violencia en todos sus tipos y modalidades.

Puntualizó que “otra acción afirmativa es precisamente la que hoy se realiza, pues la obligación de los tribunales nacionales y otras instituciones públicas, es establecer la protección jurídica de los derechos de las mujeres, tanto en el acceso a la justicia como en los procesos y las resoluciones judiciales y así lograr una protección efectiva contra todo acto de discriminación”.

Al referirse al Pacto firmado el día doy, la Ministra de la SCJN Margarita Beatriz Luna Ramos dijo que “es un compromiso que adquirimos desde el punto de vista internacional por la firma que nuestro país llevó a cabo del tratado internacional CEDAW que comprometió a nuestro país a tener una política de igualdad de género y la introducción en los órganos impartidores de justicia de juzgar con perspectiva de género que esta una tarea que nos corresponde a quienes nos dedicamos a la tarea de impartir justicia”.

Dijo que para San Luis Potosí, este Pacto “representa un sueño largamente acariciado y hoy que se concreta por lo que me siento muy contenta y satisfecha de que San Luis se convierta en el estado número 26 en la firma de los pactos de igualdad de género y sumándose al trabajo que con la ayuda de Conatrib”.

Finalmente, expresó que la firma de este pacto en materia de igualdad de género, es una responsabilidad para todos, no solamente de las mujeres porque es un tema de igualdad de oportunidad en cuanto el acceso a la justicia, a la educación y laboral, con el que esperamos tener un mejor país, más igualitario.

FIRMA DEL PACTO

Los representantes del Poder Judicial del Estado, Magistrado Juan Paulo Almazán Cue, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura; el Magistrado Oskar Kalixto Sánchez, presidente del Tribunal Electoral del Estado; el Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, Diego Amaro González; la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Lic. Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa, la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Lic. Juana Lara Díaz y como testigos de honor el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López y la Ministra de la Suprema Corte de Justicia Margarita Beatriz Luna Ramos y el Secretario Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Magistrado Armando I. Maitret Hernández.

Entre los acuerdos que comprende este Pacto destacan:

  • Incorporar la perspectiva de género en la planeación, reforma y modernización judicial y administrativa.
  • Evaluar las implicaciones para mujeres y hombres de todas las acciones normativas, administrativas, económicas, sociales, culturales y de esparcimiento, desarrolladas por los órganos impartidores de justicia.
  • Incorporar la perspectiva de género en los programas de formación de los centros de capacitación del personal jurisdiccional y administrativo.
  • Revisar las políticas laborales para eliminar la discriminación basada en el género para promover el ejercicio compartido de las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres, crear protocolos de prevención, atención y resolución del acoso laboral y sexual, eliminar estereotipos de género y utilizar lenguaje incluyente en la normatividad interna y documentos oficiales.

Además, se integró el Comité que supervisará y evaluará el cumplimiento del convenio, el cual está integrado por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el Presidente del Tribunal Electoral del Estado, el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Posterior a la celebración del evento protocolario, la Ministra Luna Ramos disertó sobre los recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia sobre protección de datos personales.