* El presidente de la dependencia Alejandro Lafuente Torres, señaló que hay ayuntamientos están por encima del 90 por ciento en el cumplimiento, pero otros tienen el 0% de información, tal es el caso, del Cerro de San Pedro.

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El año pasado dio termino la vieja Ley de Tranpsarencia en el estado, esto el 31 de diciembre del 2016, debido a la aprobación de la nueva, la cual, tuvo efecto desde el 1ro. de enero del 2017, pero entrará en vigor a partir del 1ro. de enero del 2018, es decir, este año, fue de prueba, esto para capacitar a todas las entidades públicas de gobierno, estatal, municipal y partidos políticos, en donde por consecuencia, las sanciones podrían implementarse a partir de los primeros días de febrero del 2018 en caso de incumplir esta ley.

En este sentido, Alejandro Lafuente Torres, presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip) del Estado de San Luis Potosí, informó que derivado de la ley general de transparencia y su consecuencia a la ley de reforma estatal de transparencia hubo una transición de un modelo de ejercer este derecho de acceso a la información a uno nuevo en el que se establecen nuevas obligaciones de oficio y nueva modalidad de publicación; ahora queda establecido a través de lineamientos en 151 formatos.

El funcionario explicó que la información de cada municipio, dependencia, partido político etcétera, deberá subirse para actualizar de manera mensual a la plataforma estatal durante los primeros 10 días del mes, mientras que en lo que respecta a la plataforma nacional, esta será cada tres meses.

“La ley nos estableció que las supervisiones deben ser periódicas, por lo menos dos veces al año, nosotros podemos hacerla de oficio a la hora que la Cegaip lo considere, ya sea al mes, cada tres meses, etcétera, pero son por lo menos dos veces al año.”, explicó Lafuente Torres.

Agregó que la Cegaip puede decidir en cualquier momento cuándo verificará a partidos políticos, municipios o de cualquier sujeto obligado; asimismo, explicó que ellos tienen la facultad de imponer una medida de apremio. En este sentido, dijo, que la amonestación será privada, pública o multa, que va desde 150 a mil 500 unidades de medida; esto corresponde a un monto económico de alrededor de 110 mil pesos las más altas, dirigidas al servidor público, y lo deberán pagar con recursos, no con los públicos.

Asimismo, afirmó que hay ayuntamientos que tienen mucha información en plataforma, incluso unos por encima del 90 por ciento y hay otros que por el contrario tienen el 0% de información.

“En este último caso se encuentra el cerro de San pedro, por mencionar un ejemplo y hay algunos otros que ponen el pretexto de la falta de internet en sus municipios, pero otra de las ventajas de la plataforma estatal y que fue una de las principales razones por las que se hizo, fue que la estatal es un servidor que no le cuesta a nadie, llámese municipio, partido político, dependencia, etcétera, de esto se hace cargo la Cegaip.”, indicó también.

Sin embargo, mencionó que esto no será un pretexto para violentar la ley de transparencia, pues: “Si no hay internet, pueden venir a la Cegaip, en donde se les proporcionan los formatos que son 151, se los guardamos en una memoria, los llevarán a su municipio, allí los tendrán que llenar, para posteriormente regresar a la dependencia y subirlos formatos de manera manual, de esta manera, si un ciudadano quiere acceder a la página de transparencia y si por la falta de internet no la tiene, puede entrar a la plataforma estatal y podrá encontrar la información que se cargó de manera manual, no hay pretexto para que no se cumpla con la ley de transparencia.”, finalizó.